Vivienda, Economía y Universidades firman un protocolo para la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para el colectivo universitario
16 octubre 2024
- Entre las medidas está la puesta en marcha de mecanismos de financiación para dotar de recursos a las universidades públicas para alojamientos y viviendas universitarias, especialmente en zonas tensionadas, posibilitando que las promociones se desarrollen en suelos dotacionales o patrimoniales, cedidos o puestos a disposición principalmente por CCAA o ayuntamientos
- El protocolo que hoy se ha firmado contempla la creación de una Comisión de Seguimiento constituida por representantes de los tres Ministerios, SEPES Entidad Estatal de Suelo e Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objeto de coordinar e impulsar las actuaciones acordadas
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han firmado hoy un protocolo para la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para el colectivo asociado a la vida universitaria, como son estudiantes y personal docente o investigador.
El protocolo contempla una serie de medidas en el ámbito de las competencias de los tres ministerios para incrementar la oferta de viviendas universitarias y garantizar que las nuevas universidades ofrezcan soluciones habitacionales a sus estudiantes como requisito necesario para su implantación.
Entre esas medidas está la puesta en marcha de mecanismos de financiación para dotar de recursos a las universidades públicas para alojamientos y viviendas universitarias, especialmente en zonas tensionadas, posibilitando que las promociones se desarrollen en suelos dotacionales o patrimoniales, cedidos o puestos a disposición principalmente por CCAA o ayuntamientos.
La ministra Isabel Rodríguez señaló en su intervención que el documento rubricado hoy “es un compromiso de poner a disposición el suelo público al servicio de las universidades”. En esa línea, la ministra afirmó que “no vamos a parar hasta que demos respuesta al problema que hoy tiene nuestro país en materia de vivienda, un problema que hoy es transversal y global, pero que desde la política, desde la acción pública y desde el compromiso con la ciudadanía le vamos a dar la respuesta que merece”.
“Además de hablar, tenemos la responsabilidad de escuchar”, ha afirmado la ministra, que ha defendido que este protocolo suscrito en el día de hoy “surge de la capacidad de escucha de este Gobierno. Ya que cuando empezamos a abordar cómo se estaba comportando la situación del mercado del alquiler en España” donde “vimos movimientos que van en una dirección quizás contraria a la defensa de esa universidad pública garantista del ascensor social, contemplando la universidad y el conocimiento no como un desarrollo social".
Por otra parte, la ministra Diana Morant, destacó que “la crisis de la vivienda está afectando también al derecho a estudiar una carrera universitaria, un paso clave para el progreso individual y colectivo. El acceso a la universidad solo debería estar limitado por el mérito y el esfuerzo de las personas, no por cuestiones económicas ni por el afán especulativo de quienes mercadean con derechos básicos como la vivienda o la educación”.
Morant también afirmó que “el Gobierno de España, a través de tres ministerios firmantes de este protocolo, estamos trabajando juntos para contribuir a arreglar uno de los principales problemas que sufren muchos españoles, especialmente los jóvenes, provocado por años de burbuja inmobiliaria y políticas contra el interés general. Hoy damos un paso al frente en el ambicioso plan del Gobierno para asegurar viviendas dignas para toda la ciudadanía”.
El presidente del ICO, Manuel Illueca, ha puesto en valor que “el trabajo conjunto de los tres Ministerios es clave para impulsar la promoción de viviendas que se destinen al alquiler asequible para colectivos universitarios. Esta colaboración nos ayudará a identificar las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y contamos con los recursos necesarios gracias a los préstamos del Plan de Recuperación para acometerlas en las mejores condiciones”.
El protocolo firmado se enmarca dentro del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de mayo por el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto Oficial de Crédito se comprometen a desarrollar una nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda destinada al alquiler asequible o social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible durante 50 años.
Casi el 75% de nuestras universitarias y universitarios estudian en una ciudad distinta en la que residen
En las últimas décadas, se ha multiplicado el número de universidades, aumentando y diversificando la oferta educativa superior en numerosos lugares del territorio nacional, no solo en grandes ciudades sino también en núcleos más pequeños, incidiendo directamente en el mercado inmobiliario del alquiler.
Según los datos disponibles, casi el 75% de nuestras universitarias y universitarios estudian en una ciudad distinta en la que residen y casi el 30% ha de cambiar de provincia para estudiar en alguno de los 180 centros universitarios con estudios presenciales que se distribuyen en nuestro país.
En grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, los universitarios que estudian en la ciudad constituyen entre el 5 y el 10% de su población total y en otros municipios donde se han ubicado universidades, como Villafranca de la Cañada, Cerdanyola del Vallés o Sant Vicent del Raspeig, las y los estudiantes representan entre el 42 y el 72% de la población local.
Comisión de Seguimiento
El protocolo que hoy se ha firmado contempla la creación de una Comisión de Seguimiento constituida por representantes de los tres Ministerios, de SEPES Entidad Estatal de Suelo y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objeto de coordinar e impulsar las actuaciones acordadas.
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